31 de enero de 1813.

El último día del mes de enero de 1813 inició sus sesiones la Asamblea General Constituyente -convocadas por el Triunvirato el año anterior- con dos objetivos muy claros: declarar la independencia y dictar una constitución para el estado naciente.

Esta Asamblea despertó muchas expectativas, tranquilizó el panorama político, y aunque algunos dudaban de sus alcances y representatividad, las provincias del interior enviaron sus diputados a la misma. José Gervasio de Artigas, aunque se manifestaba descontento con la política localista de Buenos Aires vio en la Asamblea la posibilidad de darle una nueva estructura política al país.

A diferencia de lo que sucedido con los órganos de gobierno anteriormente,  los miembros de la Asamblea no juraron fidelidad al rey Fernando VII de España y ésta declaró soberana, es decir superior a cualquier otra autoridad, inclusive al Triunvirato que la había convocado. Pero, lamentablemente, no pudo concluir con ninguno de los objetivos que se había propuesto.

Las derrotas sufridas por el Ejército del Norte, en Vilcapugio y Ayohuma, empeñado en la lucha contra las fuerzas realistas enviadas desde el Virreinato del Perú complicaron la situación interna. El avance realista sobre territorio argentino era una posibilidad cercana, que ponía en peligro la causa de la revolución.

En el ámbito internacional, el fracaso de la campaña de Napoleón Bonaparte en territorio ruso significaba la desintegración de su imperio, y consecuencia, los monarcas europeos retornaban a sus tronos usurpados. En estas circunstancias, el rey Fernando VII de regreso a España, se proponía recuperar sus posesiones, disponiendo pera ello el envío de refuerzos para luchar contra los revolucionarios  americanos.

Estos acontecimientos sumieron en la indecisión a la Asamblea, temerosa de adoptar medidas de fondo que luego no pudiera sostener.

A pesar de no realizar los principales fines propuestos, la Asamblea se abocó al dictado de numerosas disposiciones fundamentales.

Promulgó leyes sobre la organización de la administración pública como un Reglamento de Justicia, creando las Cámaras de Apelaciones.  Prohibió la aplicación de tormentos para investigación de la verdad.

Dispuso la creación de un órgano ejecutivo que concentraba todo el poder en una sola persona,  con el nombre de Director, y un Consejo de Estado, con fines de asesoramiento al nuevo ejecutivo.

Mandó a abolir el escudo de Armas de España, y la efigie de los antiguos monarcas fue sustituida en las monedas por el escudo nacional.  En los documentos públicos se suprimió toda invocación al rey de España, reemplazándola por “la soberanía de los pueblos, cuya voluntad representan los diputados”.

Estableció la libertad de vientres, que garantizaba la libertad e igualdad a todos los hijos de esclavas que nacieran en adelante en el territorio de las Provincias Unidas. Suprimió los títulos de nobleza y eliminó el mayorazgo, por el cual desde antiguo, heredaba toda la fortuna del padre el hijo mayor. Suprimió también las encomiendas y las mitas.

Por último declaró fiesta cívica al 25 de Mayo y encargó la composición de una canción patria, que sería nuestro himno nacional.

Si bien esta Asamblea no hizo la explícita declaración de la Independencia, su fecunda labor legislativa ratificó, indirectamente, la vocación independentista de los patriotas.